domingo, 19 de diciembre de 2010

CAMBIOS EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Y LOS QUE URGEN EN CHIHUAHUA

En enero del 2011 se designa nuevo presidente del Máximo Tribunal de Justicia del País, hasta el mes de octubre existían dos candidatos, el Ministro José Ramón Cossio Díaz y el Ministro Juan N. Silva Meza, todo apuntaba que sería el primero de estos. Sin embargo, con motivo del fallecimiento del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, el primero de estos se retiro y así lo hizo saber en un comunicado. Por tal motivo es indudable que se designara al Ministro Juan N. Silva como presidente de la Corte, al igual que el actual presidente, se trata de funcionarios judiciales con toda una carrera, que han transitado desde jueces de distrito, magistrados y luego ministros, con formación y sensibles a proteger la carrera judicial, privilegiando la designación de aquellos profesionistas, que se inician desde actuarios, secretarios y demás puestos. Existe confianza que el nuevo presidente respete la AUTONOMÍA de los jueces de distrito y magistrados, que se eviten las presiones de tipo político y que sus decisiones sean apegadas a la imparcialidad y legalidad.

PODER JUDICIAL EN EL ESTADO. Todo indica que se dará marcha atrás al intento de crear una NUEVA SALA PENAL para ciudad Juárez, la cual como fue denunciada por el Diario y diversos editorialistas, tenía dedicatoria para un sobrino de Acosta Muñoz. Esto a pesar de las resistencias, gestiones de los magistrados afines al anterior presidente del Supremo Tribunal de Justicia, grupo que sigue operando, dando conferencias, promoviendo reconocimientos fuera del Estado, como aquí los conocen nadie se atreve a entregárselos, en el Estado con el nuevo Gobierno, no se premia el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencia.

En todo acto público se hacen presentes, actúan como si no hubiese existido un cambio, obstruyen, mediatizan la labor del actual presidente Lic. Ramírez Benítez, mandando señales de que son un poder paralelo. Los magistrados sin carrera designados a capricho del anterior presidente, Pablo González y Flores, les interesa más sus actividades políticas y de promoción, como si con eso borraran sus actos arbitrarios y parciales que les fueron denunciados públicamente, eso sí tienen un enorme rezago - que el pueblo de Chihuahua espere justicia -, porque estos señores están ocupados en sus actividades personales. Se requiere un verdadero cambio de fondo, un mensaje más claro, junto con los profesionistas, periodistas, que denunciamos la corrupción y el tráfico de influencia, continuaremos y estaremos pendientes para que estos funcionarios no sean ratificados y en su lugar sean designados verdaderos jueces de carrera, con una trayectoria limpia y honesta.





MAFIAS LABORALES. Este problema no sólo tiene su origen en las Juntas de Conciliación Locales, sino también en los Tribunales Colegiados en materia Civil y del Trabajo con sede en esta capital, quienes reiteradamente conceden amparos para EFECTOS, evadiendo su responsabilidad de aplicar justicia rápida y expedita, lo cual es una garantía constitucional, esto permite el alargamiento de juicios laborales, que las demandas sean cuantiosas o se inflen por el transcurso del tiempo. Existe jurisprudencia firme, en le sentido de que si existe una violación procesal que no trascienda o que no puede cambiar el sentido del fallo, el Tribunal de Amparo debe de resolverlo de manera plena y concluirlo, lo cual no se ha estado respetando. Son múltiples los juicios laborales en los que se han concedido hasta cinco amparos para efectos, con sentencias dudosas en las que se evade resolverlos de inmediato, complaciendo así a los litigantes de esa materia sin escrúpulos.





A este respecto existe un documento suscrito por los magistrados federales con sede en Saltillo, que están resolviendo juicios de amparo en auxilio de los citados Tribunales Colegiados de esta localidad, en donde denuncian ante el Consejo de la Judicatura la citada práctica de conceder amparos para efectos y que no se resuelven de fondo, que únicamente se están alargando los procedimientos, sobre todo en materia laboral.

Bien harían los dirigentes de la CANACO en recopilar y empatar esta información con las nuevas autoridades laborales, de esta práctica hemos recibido sentidas quejas de empresarios chihuahuenses, que no entienden ni se explican lo largo y tedioso de un juicio laboral, a fin de que presenten queja y se abra una investigación a partir de que se dé el cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De otra manera el problema de las injusticias laborales continuará.

Salud y larga vida.

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